Desde siempre se ha hecho creer a los GRANCANARIOS que los expolios a los derechos históricos de la Ciudad Real de
Las Palmas de Gran Canaria, comenzaron con la concesión de la capitalidad del
archipiélago a Santa Cruz, primero, interinamente, en las Cortes de Cádiz, a
pesar de haberla aprobado en principio para nuestra ciudad ante los
contundentes argumentos expuestos por el canónigo de la Catedral de Canarias,
José Gordillo, pero una nave enviada por el capitán general Rodríguez de la
Buria, en la que viajaba una comisión, tuvo la fortuna de coger vientos
favorables y llegó prontamente a la ciudad andaluza, comunicando a las citadas
Cortes que en Santa Cruz dicho capitán general había creado la prediputación, y
ante esta felonía, rectificaron su acuerdo y le concedieron la capitalidad,
ante la indignación de Gordillo por esta arbitrariedad. Posteriormente, durante
el reinado de Isabel II, fue ratificada por el Ministro de Fomento, Francisco
Javier de Burgos por un Real Decreto de 30 de Noviembre de 1833, atendiendo las
intrigas del diputado chicharrero José Murphy Meade.
Y esto no es cierto en modo alguno porque
anteriormente, la considerada “buena”, La Laguna, aduló sin escrúpulos a los
capitanes generales para que fijaran en ella su residencia, como así lo
hicieron, siendo el primero Gabriel Lasso de la Vega, Conde de Puertollano,
desobedeciendo la Real Cédula de 25 de Octubre de 1666 de la reina regente
Mariana de Austria, viuda de Felipe IV y madre de Carlos II, “el hechizado”,
que le ordenó residir en Las Palmas como Presidente del Tribunal de Justicia, y
“que no hiciera ausencia por pretexto alguno sin expresa Real Orden o caso de
ser invadida alguna de las islas, pues así convenía al real servicio y buen
gobierno de ellas”, y le conmina a “que
vuelva a presidir el Tribunal de forma efectiva y que no alegue pretexto alguno
para justificar su alejamiento”, que hizo caso omiso de la orden real y
continuó su residencia en La Laguna. El primero que recibió licencia real para
“habitar en la isla que tuviera por conveniente para la defensa de las demás”
fue el capitán general Benavente y Quiñones (1697-1700), alegando los
siguientes generales-presidentes pretextos para la residencia en Tenerife.
Gabriel Lasso de la Vega fue acusado y juzgado de la comisión de ocho delitos,
siendo el principal el incumplimiento de la Real Cédula citada que le ordenaba
residir en Las Palmas, y fue absuelto de unos y perdonado de otros, entre estos
el de su residencia en nuestra ciudad.
En 1773, el Cabildo de La Laguna intentó
vilmente apoderarse de la Real Audiencia, que no consiguió por la valiente
oposición de su fiscal y del Obispo de Canarias. El lagunero Antonio Porlier,
Secretario de Estado de Gracia y Justicia de Carlos III, intrigó sobre el
monarca para que le concediera la Universidad a su ciudad natal, consiguiéndolo
al despreciar el rey los superiores derechos de Las Palmas y, además, obligando
a su Ayuntamiento y al Obispado de Canarias a aportar sustanciosas cantidades
para su mantenimiento. El indigno y nefastísimo Fernando VII también cedió ante
las intrigas de otro lagunero, su confesor Antonio Bencomo, y presionó ante el
Vaticano para la división del Obispado de Canarias, creándose el de Tenerife,
con sede en La Laguna, y también, para complacerlo, le volvió a otorgar la Universidad, que prácticamente
había desaparecido.
¡De qué “buenismo” de la Laguna se nos quiere convencer!
Ella fue la escuela en la que
aprendieron los chicharreros cuando Santa Cruz era su arrabal portuario. Pero
fue víctima de su innoble ambición porque el comandante general Lorenzo
Fernández de Villavicencio, marqués de Valhermoso, trasladó su residencia a
dicho barrio porteño, y él y sus sucesores se dedicaron a favorecerlo descaradamente
en perjuicio de la capital de la isla, y principalmente de Las Palmas. Y
también perdió la “gloria” de la victorita sobre la flotilla de 9 embarcaciones
con 700 hombres mandada por el capitán de navío en funciones de contralmirante
Horacio Nelson, que casi todos los historiadores atribuyen al arrabal
portuario, entre ellos el santacrucero Antonio Rumeu de Armas, que en su
magnífica obra “Piraterías y ataques navales a las Islas Canarias”, escribió
ditirámbicamente “IMPONENTE ATAQUE Y RESONANTE VICTORIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE SOBRE LA ESCUADRA DEL CONTRALMIRANTE NELSON”, cometiendo nada menos
que ¡CINCO! Imperdonables errores en un historiador que se precie de objetivo y
de dar fe de la realidad: el primero, llamar IMPONENTE ATAQUE al de una escuadrilla
de 4 navíos, 3 fragatas, un aviso y una bombarda, con solamente 700 hombres; el
segundo, calificar de RESONANTE VICTORIA a la que fue realmente insignificante;
el tercero, denominar al barrio porteño Santa Cruz de Tenerife, cuando en
realidad era de La Laguna por su condición barrial; el cuarto, considerar
ESCUADRA a una pequeña agrupación de embarcaciones; y el quinto, designar a
Nelson contralmirante ya que únicamente era capitán de navío en funciones de
tal, pues fue ascendido a aquel grado el 14 de Febrero de 1799, y el ataque al
puerto lagunero ocurrió el 25 de Julio de 1797, no correspondiéndole, en
consecuencia, la distinción de Invicta que luce en el lema de su escudo, sino a
La Laguna que era la ciudad y la capital de Tenerife –NUNCA fue capital de
Canarias-.
Esta es la verdad histórica de los expolios
que realizó, e intentó ejecutar, La Laguna a Las Palmas, que los grancanarios
tienen -y deben- conocer para que se enteren del verdadero “pelaje” de los
habitantes –hay excepciones, obviamente- de la isla “hermana”, sin distinción
de municipios, porque a casi todos les une el negro odio –siglos anteriores a
José Rodríguez (Don Pepone)- a Gran Canaria y a su capital, la Ciudad Real –la
única que tiene ese título- de Las Palmas de Gran Canaria, la urbe MÁS
IMPORTANTE de Canarias, mal que les pese.
Carmelo Dávila Nieto
Investigador de la Historia de Canarias
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