Un juez condena a Mauricio por conducir sin tener el carné de conducir. Mintió a la policía, se escapó y ese es el ejemplo que nos dan los políticos. Éste, se ha tirado años y años en el parlamento nacional, dirigiendo la política de estas islas. ¿Que ocurriría si a todos ellos se les quitara la careta?.
Me produce una gran pena el enorme sufrimiento que desde hace muchísimos años, tantos que se pierden en la historia periodística de nuestro archipiélago, está padeciendo el "bonísimo" don Pepone, editor, editorialista y "criterista" -todo a la vez- de el Día-rrea de la capital de Chicharrelandia por esas tres obsesiones que le atormentan sin solución de continuidad: el calificativo GRAN antepuesto al nombre de Canaria, el tren al Sur de nuestra isla y la irrenunciable independencia de las Islas Canarias de la opresora España, que les arrebata y saquea descaradamente todas las enormes riquezas que poseen y generan, como las numerosas minas de metales preciosos y los yacimientos petrolíferos que contiene el mar que las rodea.
Toda vez que uno, tiene la costumbre de leer los periódicos, y ello a pesar de las mentiras que nos cuentan, o las verdades que no dicen, y ver cómo echan balones fuera -para despistar-, y nada dicen sea serio o de investigación; a pesar de la poca valía de los mismos, por estar comprados por los políticos, que hacen uso tortilleros de los mismos, haciéndolos comulgar con sus tropelías y corruptelas, digo, que a pesar de los pesares y sin darse cuenta, o sin querer, nos sirven de confrontación -cosas que ellos no hacen-, pero que cualquier lector inteligente se da cuenta de inmediato, y así les voy a dejar claro, citando las fuentes -los dos que leo a diario el Can 7 y la Provi, que nos dicen, “lo que planta cada uno”: el cabildo por su lado, y la gente del campo, por el suyo. Pues, veamos, y juzguen ustedes, quién de los dos están acertados (repito: por un lado lo que planta el campesino, de toda la vida; y lo que planta el cabildo desde los años 50, del siglo pasado, hacia acá [o hasta el presente]): 
Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Si no es así vuelva a empezar y ayúdese de este dibujo, verá que no es tan complicado.
Ahora imagine que es usted panadero y que tiene un excedente del día de 60 panes. El alcalde le asigna la tarea de repartir este excedente entre los 7 refugios para que todos los aldeanos tengan algo de comer durante la noche con únicamente tres condiciones:
- La primera, que el reparto debe hacerse de la manera más proporcional y justa respecto al número de refugiados en cada casa.
- La segunda, que al menos en cada refugio debe haber un pan.
- Y la tercera condición, es que no puede dividir los panes por lo que debe entregarlos de una pieza
Según su “lógica de panadero”, ¿qué criterio seguiría usted para repartir estos 60 panes siguiendo las tres condiciones anteriores? Antes de seguir con la lectura intente encontrar una solución lo más justa posible y luego comparémosla con la que a continuación le propongo.
Seguidamente le expongo mi solución a ver qué le parece:
- Al lado izquierdo de la calle decido repartir 30 panes como sigue
- 15 panes para el refugio 1 en el que se acomodan 129 personas
- 8 panes en el refugio 2 donde se acomodan 15 personas
- 4 panes en el refugio 3 donde se acomodan 3 personas
- Y en el refugio 4, 3 panes donde se acomodan otras 3 personas
- Al lado derecho de la calle reparto los restantes 30 panes restantes como sigue:
- 15 panes en el refugio 1 en el que se acomodan 123 personas
- 8 panes en el refugio 2 en el que se acomodan 15 personas
- Y finalmente 7 panes en el refugio 3 en el que se acomodan 12 personas
Voy a explicarle ahora las tres razones por las que me he inclinado por este reparto y no otro:
1- He repartido 30 panes a cada lado de la calle para que nadie se sienta discriminado por haber sido enviado a un lado u otro.
2- He repartido 15 panes a cada uno de los dos refugios más habitados, de tal forma que ambos refugios no se sientan perjudicados.
3- Y por último, he repartido 30 panes en total para los dos refugios más habitados y otros 30 para los 5 refugios restantes para que los habitantes de estos últimos no se sientan discriminados por estar en minoría.
Junto a esta triple paridad, además, he cumplido con las tres condiciones que el alcalde me exigía, he repartido al menos un pan en cada refugio, no he dividido los panes y he seguido un criterio de proporcionalidad más o menos justificado… sin embargo, ¿es este, verdaderamente, el sistema que mejor representa la proporcionalidad?
Si sacamos cuentas y dividimos los panes que he repartido en cada refugio por el número de personas refugiadas en cada caso quedaría así:
- En el refugio 1 del lado izquierdo tocaría a 0,11 panes por persona
- En el refugio 2 del lado izquierdo tocaría a 0,53 panes por persona
- En el refugio 3 del lado izquierdo tocaría a 1,33 panes por persona
- En el refugio 4 del lado izquierdo tocaría a 1 pan por persona
- En el refugio 1 del lado derecho tocaría a 0,12 panes por persona
- En el refugio 2 del lado derecho tocaría a 0,53 panes por persona
- En el refugio 3 del lado derecho tocaría a 0,58 panes por persona
Viéndolo de esta manera y analizando los resultados de mi propuesta, creo que no he sido demasiado proporcional y justo, ¿no cree? Resulta que mis intenciones igualitarias y de no discriminación para el reparto del pan han sido erróneas y que los grandes perjudicados han sido los habitantes de los refugios número 1 tanto del lado izquierdo como del derecho al ser muchas más personas las que los habitan y entre las que habría que repartir el pan. Seguro que la solución que usted proponía era mucho mejor que la mía y no creaba estas diferencias, ¿verdad?
Pues aunque resulte difícil de creer hay una sorpresa que he guardado para el final de este problema y es que, la solución que les he propuesto y que he llamado la “lógica del panadero” no es mía. Esta lógica es la que sigue el Estatuto de Autonomía de Canarias en referencia al el reparto de los 60 escaños que componen el Parlamento de Canarias entre las 7 islas. Para mostrárselo le transcribo a usted el primer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del estatuto canario:
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del presente Estatuto, y en tanto no se disponga otra cosa por una Ley del Parlamento Canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, se fija en sesenta el número de diputados del Parlamento Canario, conforme a la siguiente distribución: quince por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife; ocho por La Palma, ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura, cuatro por La Gomera y tres por El Hierro”
A continuación paso a detallarle, además, los datos por cada isla tanto en lo que se refiere al número de habitantes como al número de de electores (personas con derecho a voto residentes en las islas así como los canarios fuera del territorio insular que igualmente tienen este derecho) para que puedan comparar los datos y ver cómo los habitantes de Gran Canaria (y en este caso también los de Tenerife) son discriminados por la única razón de haber nacido y/o residir en esta isla.
Tabla 1: Número de habitantes y electores necesarios por isla para obtener un escaño según la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Tabla 2: Equivalencia de un voto de un habitante de cada isla en comparación al voto de un habitante del resto de islas según el número de electores en el año 2009 y en virtud de la desigualdad creada en el régimen electoral del actual Estatuto de Autonomía.
Tabla 3: Equivalencia de un habitante de cada isla en comparación a otro habitante del resto de islas según la desigualdad creada en el régimen electoral del actual Estatuto de Autonomía.
En la tabla 1 de la página anterior se desprenden los siguientes datos:
- En la 1º columna: los habitantes residentes en cada isla en el año 2009 según el Instituto Nacional de Estadística.
- En la 2º columna: los electores, que son aquellas personas con derecho a voto residentes en cada isla más aquellos que residentes en el extranjero pero que continúan ostentado este derecho según de la isla que se trate en cada caso, en el año 2009 según el Instituto Canario de Estadística.
- En la 3º columna: el número de escaños que corresponde a cada isla según el actual Estatuto de Autonomía de Canarias
- En la 4º columna: el número de habitantes que es representado por un escaño. Por ejemplo, en La Gomera 5.692 personas representan un escaño en el Parlamento Canario mientras que Gran Canaria es representada por cada 55.893 habitantes con igualmente un escaño.
- En la 5ª columna: el número de electores (o votantes) que son necesarios en cada isla para obtener un escaño. Por ejemplo, en Fuerteventura con 7.949 votos tienen derecho a un escaño mientras que Gran Canaria precisa de 42.516 votos para alcanzar ese mismo escaño.
En la tabla 2 de la página anterior podemos extraer las siguientes conclusiones de este sistema:
Si nos vamos a la columna donde dice Gran Canaria y bajamos en las sucesivas filas nos encontramos con la cifra 13,01 respecto a El Hierro, lo que quiere decir que 13 votos de grancanarios son necesarios para igualar 1 solo voto de un herreño. Sucesivamente puede usted seguir bajando filas y comparar cuantos votos de grancanarios hacen falta para igualar al del resto de islas.
Y en la tabla 3 de la página anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:
Si nos vamos a la columna donde dice Gran Canaria y bajamos en las sucesivas filas nos encontramos con la cifra 15,39 respecto a El Hierro, y esto quiere decir que hacen falta algo más de 15 grancanarios para igualar 1 solo herreño. Sucesivamente puede usted seguir bajando filas y comparar cuantos grancanarios hacen falta para igualar al del resto de habitantes de las islas.
Cómo puede comprobar tras estas explicaciones el Estatuto de Autonomía de Canarias discrimina a los habitantes de Gran Canaria, y todo hay que decirlo, a los de Tenerife por el simple hecho de ser residentes en estas islas. Por lo tanto el párrafo primero de la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de Canarias va en contra del artículo 14 de la Constitución Española con el que inicié estas líneas y es contrario al primero de los derechos fundamentales por lo que sin duda podría ser considerado inconstitucional… y entonces, se preguntará usted, ¿Cómo es que nadie lo ha impugnado ante el Tribunal Constitucional? Siga usted leyendo y trataré de explicarle la problemática del asunto.
Segunda Parte: El recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo inconstitucional
Antes que nada lea estos extractos de algunos artículos de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Aunque no soy ningún experto en Derecho Constitucional explicaré lo mejor que pueda lo que se deduce de todos ellos.
Art. 27
1. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.
2. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:
a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas. (…)
Art. 29
1. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante:
a) El recurso de inconstitucionalidad.
b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales. (…)
Art. 32
1. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de Ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Defensor del Pueblo.
c) Cincuenta Diputados.
d) Cincuenta Senadores.
2. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto. (…)
Art. 33
1. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido. (…)
Art. 35
1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley. (…)
Art. 38
1. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. (…)
Art. 41
1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
2. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.
3. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso.
En el siguiente recuadro espero dejarle más claro las conclusiones de estos artículos:
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